Quince detenidos, dos en Cehegín, por favorecer la inmigración ilegal

12-05-2012

Captaban a gente que pudiera pagar entre 1.500 y 2.000 euros para realizar la travesía desde Marruecos hasta Cádiz y ya en España les pedían un segundo pago que no habían acordado.

La Guardia Civil, en el marco de la operación CRUCERO, ha detenido a 15 personas pertenecientes a una organización criminal dedicada a favorecer la inmigración irregular desde Marruecos a España. A los detenidos se les imputan los supuestos delitos de tráfico de seres humanos, contra los derechos de los trabajadores, contra la salud pública y pertenencia a organización criminal.

Se han realizado 7 registros domiciliarios en las provincias de Granada, Madrid, Murcia y Albacete, donde se ha intervenido numerosa documentación, pasaportes, certificados de empadronamiento preparados para su venta y dispositivos informáticos, que serán objeto de análisis pormenorizado por parte de los investigadores.

Concretamente, en la Región de Murcia, la Guardia Civil ha practicado un registro domiciliario en una vivienda de Cehegín y ha detenido a dos personas como presuntas autoras de los delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y pertenencia a organización criminal.

Las investigaciones comenzaron a principios de enero, a raíz de la llegada de varias pateras a las costas próximas a Barbate (Cádiz). Por tal motivo, los agentes realizaron un estudio detallado de la frecuencia de estas llegadas y de otras circunstancias, que permitió identificar a uno de los individuos encargados de recoger a los inmigrantes a su llegada a la costa.


Cobros de 1500 y 2000 euros

A partir de ahí, la investigación permitió determinar la estructura de la organización criminal, sus principales miembros y su modus operandi.

Esta organización se estructura en dos partes:

Una ubicada en Marruecos, encargada de realizar las captaciones de individuos dispuestos a realizar el viaje, cobrar el dinero requerido a estas personas (entre 1.500 y 2.000 euros) y además preparar las pateras con las que se realiza el desplazamiento sin ninguna medida de seguridad.

Los miembros de la organización establecían de forma sucesiva las salidas después de concentrar a un número suficiente de personas para hacer la travesía y confirmar la recepción del dinero, preparando en última instancia las pateras y los motores. Las salidas se realizaban normalmente de noche, desde localidades marroquíes situadas en la costa atlántica, teniendo el viaje una duración aproximada de 14 horas. Los puntos de llegada eran normalmente playas gaditanas próximas a Barbate o Bolonia. En el momento previo a la salida se les hacía entrega de tarjetas españolas de telefonía, que debían activar a su llegada para asegurar el contacto con los individuos que los recogerían.

La otra parte de la organización criminal se ubica en España y se encargaba de la recepción de los inmigrantes a su llegada a la costa. Una vez llegaban, recibían instrucciones para ocultarse en zonas boscosas próximas, hasta la llegada de miembros de la organización residentes en España para su recogida y posterior traslado a lo que ellos consideran pisos "seguros", ubicados en localidades granadinas de Motril, La Rábita y alrededores. Una vez en estas viviendas se les exigía un segundo pago no pactado previamente para poder abandonarlas, siendo la deuda cobrada bien a los propios inmigrantes o a sus familias que se encuentran en Marruecos.

Traslado de más de 150 personas desde enero

Desde el inicio de las investigaciones se han podido acreditar hasta 10 traslados de inmigrantes de manera irregular, desde enero de 2018, empleando embarcaciones tipo patera y neumática en las que llegaron a viajar entre 20 y 40 personas.

Algunos traslados se realizaron bajo condiciones de la mar muy precarias y con nulas medidas de seguridad, poniendo en grave riesgo la vida de los inmigrantes, entre ellos menores de edad.

Se ha constatado que esta organización criminal ha trasladado en solo cuatro meses a más de 150 personas de manera irregular, lo cual indica que han recaudado unos 350.000 euros en ese tiempo.

En este sentido la información obtenida ha permitido actuar preventivamente, siendo trasladada al Centro de Coordinación de Vigilancia Marítima de la Guardia Civil (CECORVIGMAR), que coordinó varios rescates de embarcaciones que habían sido enviadas por esta organización criminal, sirviendo además como medio probatorio de su actividad delictiva.

Varios de los miembros de esta organización se dedicaban también al tráfico de drogas, aprovechando el envío de pateras a España para introducir hachís, llegando en algunos casos a exigir a los inmigrantes que transportaran con ellos cantidades de droga que serían recogidas a su llegada a la costa. Los agentes han incautado 140 kilos de hachís en una de las llegadas de estas embarcaciones, junto con los inmigrantes.

Gracias a los registros domiciliarios practicados se ha podido determinar que varias viviendas eran utilizadas también como casas- patera, donde hacinaban a los inmigrantes. Así, fueron localizados 27 de ellos en situación irregular, varios de ellos menores de edad no acompañados. Estas personas en situación irregular son además objeto frecuente de explotación laboral en invernaderos de la zona.

A todo lo anterior se suma que, por parte de otros miembros de la organización se procedía a gestionar el certificado de empadronamiento a esos inmigrantes, a los que se cobraba cantidades que podían alcanzar los 300 euros. En este sentido se han detectado centenares de empadronamientos fraudulentos en diversas localidades de la comarca que han sido objeto de investigación, llegando a estar empadronadas 16 personas en un mismo domicilio.

Varios de los ahora detenidos no son miembros de la organización criminal investigada, sino que son propietarios o gestores de los invernaderos en los que trabajan inmigrantes en situación irregular, sin ningún tipo de contrato laboral y omitiendo las responsabilidades debidas en materia de cotizaciones.

Dada la estructuración de la organización criminal en las dos partes, ha sido fundamental contar con el apoyo y la implicación de la Gendarmería Real de Marruecos, gracias a la cual se ha producido un fluido intercambio de información en tiempo real.

La investigación, llevada a cabo por el Servicio de Información de la Guardia Civil, continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.